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Los derechos humanos y la hipocresía de la ONU

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“La ONU dice que…”, “El comité-de-no-sé-qué de la ONU aprobó una resolución que condena…”, “Informe de la ONU denuncia…” y otras frases similares suelen aparecer en los títulos de los diarios con cierta frecuencia. Los periodistas —lo digo autocríticamente— muchas veces citamos a diferentes organismos de las Naciones Unidas como fuente, y los políticos recurren a sus resoluciones e informes para reforzar posiciones propias, como si se tratara de una especie de palabra divina. Si lo dice la ONU, debe ser así.

Pero, más allá de su nombre pomposo, las Naciones Unidas no son más que una burocracia formada por representantes de los gobiernos de todos los países reconocidos, inclusive aquellos manejados por un dictador sanguinario, un general golpista, un partido único, una familia real, un consejo de clérigos o un “Gran Líder”. Y, en buena parte del mundo, la democracia es una excepción, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales, el cuidado del medio ambiente, la salud y la educación pública, la paz, la justa distribución del ingreso y todas esas cosas sobre las que la entidad suele hacer muchas declaraciones.

Pero, mirá vos qué lindo, la ONU tiene un Consejo de Derechos Humanos. Esos señores, sin que se les caiga la cara de vergüenza, emiten informes, dictan resoluciones, envían propuestas a la Asamblea General y tienen una página web llena de extensos documentos en PDF. Son, supuestamente, una de las máximas autoridades en derechos humanos en todo el planeta, reconocida por todos los países y citada miles de veces en Google. Pero, ¿quiénes son? Y, ya que este es un blog sobre diversidad sexual, ¿qué hacen por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans?

Bueno, para ser sinceros, algunos de ellos ni siquiera nos consideran muy humanos. O ni un poquito.

Veamos. De acuerdo con los datos recopilados en el último informe sobre homofobia de Estado de asociación internacional ILGA y analizados por este blog, de los 47 países que integran actualmente el Consejo, que se renueva periódicamente, apenas 8 tienen matrimonio igualitario, 4 reconocen alguna forma de unión civil para parejas del mismo sexo y 15 tienen algún tipo de norma constitucional o infraconstitucional que proteja, con mayor o menor alcance y eficacia, contra algunas formas de discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. Pero en 16 de los países miembros —¡más de un tercio del Consejo!—, la homosexualidad es ilegal y gays y lesbianas pueden ser condenados a la cárcel o, en 4 de ellos, a la pena de muerte. Ni hablar de las personas trans, que casi siempre la pasan peor en todos lados, inclusive en los mejores lados.

Insisto: en 16 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —otra vez, repitamos juntos: “de derechos humanos”—, gays y lesbianas pueden ir presos o, en cuatro de esos países, ser condenados a muerte. Y las ejecuciones son mucho más crueles que en las películas norteamericanas. Nada de inyección letal: nos matan a piedrazos. Hay, también, al menos 8 países miembros del Consejo en los que la homosexualidad no es formalmente perseguida, pero la población LGBT no tiene ningún derecho o protección legalmente reconocida y, en general, es víctima de otras formas de discriminación y violencia institucional que no están escritas pero son, en muchos casos, política de Estado.

O sea, sumando, en más de la mitad de los países miembros del Consejo, los derechos humanos, bien, gracias.

En Arabia Saudita, uno de los casos más cínicos de “país que integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, ni siquiera hay un código penal: se aplica la ley islámica o “sharía” (lean, para entender de qué se trata, el libro “Reformemos el Islam“, de Ayaan Hirsi Ali). De acuerdo con la interpretación que el régimen wahabista hace de la Sura 7:80/81, el acto sexual entre dos hombres es un delito menor, sin un castigo específico, pero, por tratarse de una relación sexual fuera del matrimonio —que, claro, no es permitido entre personas del mismo sexo—, puede castigarse con azotes o con la muerte por lapidación. Existe un “Comité para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio” que se encarga, entre otras cosas, de perseguir a los homosexuales, y las ejecuciones son públicas, para provocar miedo y fanatismo. En este país, que también fue elegido por la ONU para integrar, a partir de 2018, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, las mujeres tienen menos derechos que las mascotas —recién este año comenzarán a poder conducir un auto, lo cual estaba prohibido— y son casi esclavas de sus maridos. Tampoco hay libertad de prensa o de expresión, opositores y disidentes son encarcelados o ejecutados, no existen partidos políticos u organizaciones de derechos humanos reconocidas, es común la aplicación de la tortura y la única religión permitida es la versión oficial del islamismo sunita adoptada por la familia real. Un ejemplo de derechos humanos, ¿no?

La homosexualidad también es condenada con prisión y, en algunos casos, con la pena de muerte en los Emiratos Árabes Unidos y en distintas regiones de Irak donde aún rige la ley islámica (el Código Penal que criminalizaba expresamente la homosexualidad fue derogado tras la caída de Saddam Hussein), así como en las regiones del país donde manda el ISIS, donde todo es peor, mucho peor. En Qatar (otra monarquía islámica que es una de las principales financiadoras del terrorismo internacional junto con la familia saudí y es dueña de la señal de noticias —de propaganda— Al Jazeera), la homosexualidad en sí no está más penada, pero cualquier acto sexual fuera del matrimonio (sea gay o hétero) puede castigarse con la muerte si el acusado es casado con otra persona, o con flagelación si es soltero; y, como el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido, no existe forma de tener relaciones homosexuales dentro de la ley. Por otro lado, el artículo 296 del Código Penal dice que “será pasible de pena de 1 a 3 años de prisión quien [entre otros casos] (3) de cualquier manera provoque, instigue o seduzca a un varón a cometer actos de sodomía o inmoralidad”.

Otros miembros del Consejo de Derechos Humanos que criminalizan la homosexualidad son Botsuana, Burundi, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Kenia, Nigeria, Togo y Túnez. En Botsuana, la ley prohíbe el “conocimiento carnal contra natura”, que tienen una pena de hasta 7 años de cárcel. En Burundi, más explícito, el artículo 567 del Código Penal dice que “quien tuviere relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo será penado con prisión de 3 meses a 2 años y con una multa de entre 50.000 y 100.000 francos, o una de estas penas”. En Egipto, no hay una tipificación explícita de la homosexualidad, pero los gays son presos por el delito de “libertinaje” y otros semejantes — y la policía usa el Grindr para cazarlos. En Etiopía, el artículo 629 del CP dice que “quien realizare con otra persona de su mismo sexo un acto homosexual, u otro acto indecente, será penado con prisión simple”, que es de al menos un año, pero en la práctica puede llegar a 15. En Ghana, el artículo 104 del CP prohíbe las relaciones sexuales consentidas “contra natura” con un varón de 16 años o más, y el artículo 99 dice que el crimen se considerará cometido “ante la prueba del mínimo grado de penetración”. En la India, el artículo 377 prohíbe la penetración “contra natura”, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión, y, luego de una larga batalla judicial, ese delito fue considerado constitucional por la Corte en 2013, en el caso Naz v. Foundation. Sin embargo, otro fallo más reciente, de este año, podría abrir el camino a la despenalización, que aún depende del parlamento. En Indonesia, si bien no hay una ley federal que condene la homosexualidad, esta es considerada crimen por diversas legislaciones locales de las provincias de Aceh y Sumatra. En Kenia, los artículos 162, 163 y 165 del CP penan el “conocimiento carnal contra natura”, inclusive en grado de tentativa y también los “actos de indecencia graves entre varones”, normas que en la práctica sirven para castigar a los gays con hasta 14 años de prisión. El CP de Nigeria tiene disposiciones idénticas en sus artículos 214, 215 y 217. En Togo, los “actos indecentes o contra natura” con alguien del mismo sexo están tipificados en el artículo 88 del CP y la pena es de 1 a 3 años de prisión y multa. Por último, en Túnez, el artículo 230 del CP castiga la “sodomía” con hasta 3 años de prisión y la “promoción de la indecencia” (en la práctica, cualquier expresión pública de afecto homosexual) con 6 meses y multa.

Todos esos países tan lindos son los encargados de hablar por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y dan consejos, emiten resoluciones, publican documentos. Hablamos aquí sobre cómo nos tratan a las personas LGBT, porque es el tema de este blog, pero los horrores inhumanos practicados por el Estado en muchas de esas naciones se extienden bastante más allá de la diversidad sexual. Democracia, libertades individuales y derechos civiles básicos son cosas que escasean entre los miembros del Consejo.

Otros integrantes de este selecto grupo de defensores de los derechos humanos, si bien no penalizan directamente la homosexualidad, tampoco reconocen derechos civiles a las personas LGBT y en ellos se practican diversas formas de violencia, discriminación y discurso de odio, inclusive desde el Estado. Por ejemplo, la China, el Congo, Kirguistán, Mongolia, nuestro vecino Paraguay, Corea del Sur (aunque en ese país han comenzado a aprobarse algunas normas antidiscriminación que protegen a la población LGBT), Ruanda y Venezuela, donde la homofobia institucional de la dictadura chavista merece una nota aparte (en mi último libro, hay un capítulo sobre ese tema).

En el otro extremo, tenemos los casos de África del Sur, Alemania, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Portugal, y el Reino Unido, donde existen matrimonio igualitario y otros derechos civiles y leyes antidiscriminatorias (aunque en algunos de esos países, por ejemplo Brasil, la situación de los derechos humanos de las personas LGBT deja mucho que desear, como saben los lectores de este blog); y, en una situación intermedia, podemos mencionar a Albania, Bolivia, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Georgia, Hungría y Suiza, que tienen algún tipo de legislación antidiscriminatoria, en algunos casos más amplia, en otros más discreta, aunque derechos civiles fundamentales de la población LGBT no son reconocidos.

¿Y qué hacen todos esos países, los más y los menos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo? En realidad, muy poco, casi nada. Como las resoluciones y recomendaciones tienen que ser votadas —y los violadores seriales de derechos humanos también votan—, todos los temas “polémicos” entre las naciones, como los derechos de las mujeres, de la población LGBT y de otras minorías, acaban en el tacho de basura. Y sobre otros derechos fundamentales que algunos miembros del Consejo violan sistemáticamente (libertad de prensa, libertad de culto, derechos políticos, no aplicación de la tortura o de la pena de muerte, etc.), a veces hay algunas palabritas escritas en algún lado, pero nada más. Lo que acaba ocurriendo es que la agenda de los países que componen mayorías en los distintos ámbitos, consejos y comités de la ONU se impone y la política de derechos humanos —así como otras causas nobles— es usada no para defender los derechos humanos de las personas de carne y hueso, sino para defender las agendas políticas de los gobiernos, como veremos. Cada año, inclusive, un grupo de países es sometido a una “revisión anual” de la ONU en materia de derechos humanos, y recibe recomendaciones de los demás, que muchas veces ignora solemnemente. Pero lo más absurdo es que, algunas veces, las recomendaciones son para violar los derechos humanos, no para respetarlos. En su última revisión anual, por ejemplo, Brasil recibió un pedido del Vaticano para derogar el matrimonio igualitario.

Y están, como decíamos, los lindos documentos.

El último informe del Consejo, publicado este año, que tiene 293 páginas de resoluciones, decisiones, declaraciones y demás, no menciona ni siquiera una única vez términos como “gay/s”, “lesbiana/s”, “homosexual/es”, “bisexual/es”, “transexual/es”, “travesti/s”, “orientación sexual”, “LGBT” u “homofobia”. Cero, ni mu. O sea, no formamos parte de las preocupaciones de los encargados de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Otros temas como xenofobia, racismo y violencia de género son mencionados poquísimas veces, casi siempre de forma genérica, de compromiso.

Pero hay algunas palabras que se repiten hasta el cansancio, por ejemplo: “Palestina”, “palestino/s”, “palestina/s”, “Israel” e “israelí”. Juntas, suman 397 menciones. Es curioso. Buscar palabras en esos documentos oficiales y leer el contexto en el que son colocadas es una forma muy interesante de saber de qué se encargan los “defensores de los derechos humanos” enviados a la ONU por todas esas dictaduras, regímenes teocráticos islámicos, monarquías absolutistas y democracias de fachada que matan, encarcelan o persiguen a los homosexuales, tratan a las mujeres como esclavas, censuran a la prensa, persiguen opositores y ejecutan a quien se les da la gana. ¿Esto pasó apenas en 2017? No, los números en el informe anual de 2016 fueron parecidos: 368 menciones para Palestina e Israel, cero para cualquier palabra que hiciera referencia a la diversidad sexual. En 2015, 323 a cero. Y podríamos seguir. No es que no haya nada que decir al respecto en esos informes, es una decisión política: si hay algo que sobra en el mundo, lamentablemente, son violaciones a los derechos humanos de la población LGBT.

Veamos apenas algunos ejemplos ocurridos en 2016 y 2017, en algunos países miembros del Consejo. En marzo, luego de la detención de 35 mujeres trans por la “policía moral” de Arabia Saudita, se supo que al menos dos de ellas habían muerto mientras las torturaban. En Egipto, apenas este mes, hubo al menos 57 personas arrestadas por su orientación sexual o identidad de género, algunas de ellas sometidas a “exámenes anales”, según denunció Amnistía Internacional, y otras siete fueron presas en El Cairo por ondear banderas arcoíris durante un concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila. También este mes, en Indonesia, 51 homosexuales fueron detenidos por la policía, acusados de “difusión de la pornografía”, aunque el verdadero motivo fue mantener relaciones sexuales en un sauna. En Kenia, el año pasado, un tribunal aprobó la realización de “exámenes anales” para comprobar la homosexualidad de dos hombres y poder así encarcelarlos. En Nigeria, en julio de este año, al menos 40 hombres fueron presos, acusados de “actos homosexuales”, por participar de una actividad informativa sobre VIH. En Túnez, en lo que va del año, un adolescente de 16 años fue condenado a 4 meses de prisión por negarse a realizar un “examen anal” para comprobar su homosexualidad, una pareja de jóvenes, Achref y Sabri, fueron condenados a ocho meses de cárcel por mantener relaciones homosexuales y otra joven transexual fue condenada a 4 meses por “atentado a la moral”. Y esos son, apenas, algunos ejemplos (podríamos dar muchos más) en los que la violación de derechos humanos es cometida de forma directa por el Estado y las denuncias se conocen en la prensa occidental. Pero en los mencionados informes en PDF, con cientos de páginas, ni una palabra. Esos humanos no tienen derechos.

Para tenerlo en cuenta la próxima vez que nos cuenten que la ONU dijo que… Al final, ¿para qué diablos sirve la ONU?

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Mi cuenta en Twitter: @bbimbi / Facebook: Bruno Bimbi. Periodista.


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